El Gobierno argentino apelará ante la Corte Suprema la orden de excarcelación de 17 represores de la última dictadura militar, entre ellos el ex marino Alfredo Astiz, e impulsará el juicio político de los magistrados que dictaron la polémica resolución. Así lo ha anunciado hoy el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien consideró que la medida, dictada este jueves por el máximo tribunal penal de Argentina, "avergüenza al país y a la humanidad", al suscribir palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Duhalde ha asegurado en una rueda de prensa que el Gobierno, querellante en la causa en la que la Cámara Nacional de Casación Penal dictó la resolución, presentará "un recurso extraordinario" ante el máximo tribunal para "evitar un escándalo jurídico". Si bien ha manifestado que el Ejecutivo "respeta las resoluciones" de la Justicia, sostuvo que "continúan enquistados en el Poder Judicial hombres que fueron designados durante la dictadura por participar de la misma filosofía represora ilegal que caracterizó al régimen" que gobernó el país entre 1976 y 1983.
En ese sentido, ha señalado que la Secretaría de Derechos Humanos impulsará el juicio político contra los magistrados Guillermo Yacobucci y Luis María García, integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal. Duhalde ha dicho que esta petición se extenderá a otros tres jueces del tribunal encargado de someter a juicio a represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a los que acusó de "retardar" la acción de la Justicia, y también a magistrados de la provincia de Mendoza que han puesto en libertad a procesados por delitos de lesa humanidad.
Eduardo Luis Duhalde compareció ante los periodistas un día después de que la Cámara Nacional de Casación Penal ordenara liberar a 17 represores que actuaron en el ámbito de la ESMA, la principal cárcel clandestina del gobierno de facto. En la lista, además de Astiz, figuran Jorge Tigre Acosta, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Víctor Cardo, Alberto González, Raúl González y Néstor Savio, entre otros. Todos han sido requeridos por la Justicia de España. El tribunal dispuso esta medida luego de que vencieran los plazos legales para mantener con prisión preventiva a una persona sin sentencia firme, aunque fuentes judiciales aclararon que la decisión "no se hará efectiva de manera inmediata".
Duhalde ha asegurado en una rueda de prensa que el Gobierno, querellante en la causa en la que la Cámara Nacional de Casación Penal dictó la resolución, presentará "un recurso extraordinario" ante el máximo tribunal para "evitar un escándalo jurídico". Si bien ha manifestado que el Ejecutivo "respeta las resoluciones" de la Justicia, sostuvo que "continúan enquistados en el Poder Judicial hombres que fueron designados durante la dictadura por participar de la misma filosofía represora ilegal que caracterizó al régimen" que gobernó el país entre 1976 y 1983.
En ese sentido, ha señalado que la Secretaría de Derechos Humanos impulsará el juicio político contra los magistrados Guillermo Yacobucci y Luis María García, integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal. Duhalde ha dicho que esta petición se extenderá a otros tres jueces del tribunal encargado de someter a juicio a represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a los que acusó de "retardar" la acción de la Justicia, y también a magistrados de la provincia de Mendoza que han puesto en libertad a procesados por delitos de lesa humanidad.
Eduardo Luis Duhalde compareció ante los periodistas un día después de que la Cámara Nacional de Casación Penal ordenara liberar a 17 represores que actuaron en el ámbito de la ESMA, la principal cárcel clandestina del gobierno de facto. En la lista, además de Astiz, figuran Jorge Tigre Acosta, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Víctor Cardo, Alberto González, Raúl González y Néstor Savio, entre otros. Todos han sido requeridos por la Justicia de España. El tribunal dispuso esta medida luego de que vencieran los plazos legales para mantener con prisión preventiva a una persona sin sentencia firme, aunque fuentes judiciales aclararon que la decisión "no se hará efectiva de manera inmediata".
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